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Abr

La Tercera

Para el abogado y profesor constitucionalista es esencial que se extienda el catálogo de derechos donde se debería incluir el derecho a la vivienda y al agua. Otro punto que cree que se debería considerar en la nueva Constitución es «fortalecer la independencia y la capacidad de los tribunales de justicia, que son los llamados a la eficacia de los derechos».

Desde la mirada de Patricio Zapata, el proceso constituyente de 2016 fue la siembra que germinó en los frutos del actual camino a la Convención Constituyente. Es abogado, profesor constitucionalista de la UC y presidió el Consejo Ciudadano de Observadores que hace cinco años coordinó la instancia participativa y deliberativa del proceso constitucional que se impulsó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Esa experiencia de años en el área constitucional lo terminó por convencer de ser candidato convencional por el distrito 10 (Santiago-Providencia), por la Lista del Apruebo. Asegura que el punto de inicio y de fin de la próxima carta debe ser el respeto por los DD.HH. donde será necesario instalar “un reconocimiento explícito a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos con rango constitucional”.

¿Qué lo impulsa a intentar ser parte de los representantes que escribirán la nueva Constitución?

He sido parte del esfuerzo colectivo por tener una nueva Constitución. He estudiado el problema constitucional por muchos años, enseñado sobre el tema constitucional, he estado en plazas y cabildos. Lo llevo en la piel, es una vocación profunda y una convicción.

En su campaña declara que la nueva Constitución debe establecer un estado respetuoso de los Derechos Humanos, ¿qué modificaciones plantea en esto para la próxima Carta Magna?

Para mí el respeto a los derechos humanos tiene que ser la piedra angular de la nueva Constitución, el alfa y el omega como se dice, el principio y el fin. Concretamente, un reconocimiento explícito a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos con rango constitucional. Segundo, ampliar y profundizar el catálogo de derechos del artículo 19, incluyendo vivienda y agua, por lo menos para empezar a conversar; tercero, fortalecer la independencia y la capacidad de los tribunales de justicia, que son los llamados a la eficacia de los derechos.

¿Cuál es su posición frente a que la nueva Constitución sea construida con una coordinación efectiva entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho interno del país?

Me parece que tendríamos que incorporar una fórmula para que la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos sea expedita y fluida. Eso se hace en algunos países hoy día como en Francia o Alemania, a través de la internación de una Corte Constitucional o Consejo Constitucional que le indica el país antes de que se firme un tratado. Ese esfuerzo de coordinación creo que vale la pena incluirlo en la nueva Constitución.

A su juicio, ¿cualquier derecho implica la obligación de un deber o existen derechos que no se restringen a este principio, como los Derechos Humanos, por ejemplo?

Tienes ciertos derechos independientemente de cuál ha sido tu conducta, si has cumplido o no con tus deberes. Los derechos humanos son consustanciales a la dignidad humana, la tiene toda persona por el solo hecho de ser persona y nada más. Ahora, desde un punto de vista práctico, un país que quiere proteger en serio los Derechos Humanos necesita que las personas en la práctica cumplan con ciertos deberes. Por ejemplo, si quiero garantizar el derecho a la salud y a la educación, necesito que las personas que tengan recursos paguen los impuestos. Pero conceptualmente, los Derechos Humanos son incondicionados.

¿Estaría a favor de que los derechos sociales sean exigibles mediante recursos de justicia?

Sí estaría de acuerdo en que toda infracción al cumplimiento de un derecho social definido por la ley, dé lugar a la acción judicial. En ese sentido, tienen que ser justiciables, no pueden ser pura poesía. No es que vaya a los tribunales para decir “tengo derecho a esto”. Sí estoy de acuerdo con que cada vez que una persona sienta que el Estado está incumpliendo el deber de derechos sociales que está en la Constitución, en la forma especificada por el legislador, debe poder ir a tribunales y reclamar.

¿Qué aspectos se deberían incorporar constitucionalmente con respecto a los pueblos originarios?

En esta materia, estoy por una disposición a escuchar cuál es la demanda o reclamo de nuestros pueblos originarios, más que imponer yo una lectura o una mirada. Es muy importante escuchar cuál es el reconocimiento que le interesa al pueblo rapa nui, mapuche o diaguita.

¿Qué diferencias percibe de las demandas que se exigían en el proceso constituyente de 2016 y en el actual proceso que está en curso?

En ese entonces lo que más se pedía con mucha fuerza era un reconocimiento a la dignidad de las personas y al derecho a la educación, salud y seguridad social. Lo que ha cambiado es que estamos haciendo esto en condiciones más complejas que hace cinco años, pero por otro lado hay mucha más fuerza acumulada. Lo que ocurrió en 2016 es que hubo una siembra, hoy día vemos que esa siembra produce frutos, los cambios aparecen como algo natural y lógico.